La mañana de este miércoles el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer la nueva Ley de Bancos, la cual adaptaría al sistema financiero las normas modernas que están contempladas en los Acuerdos de Basilea III, uno de los estándares más precisos del mundo y que rige a la banca en Europa y Norteamérica.
Esta reforma que contempla la mayor actualización de la industria de los últimos 30 años, permitirá disminuir la opción de quiebra de los bancos y optimizar la fiscalización de ellos, fortalecer los mecanismos de ciberseguridad en las instituciones partícipes y facilitar el acceso a créditos para las pymes y emprendedores. Con ello, el mandatario de la República espera “poner al día la legislación bancaria”, para así obtener un sistema “eficiente, transparente y competitivo”.
Por otra parte, con esta iniciativa el gobierno corporativo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) se subordinará a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con una fecha estimada para el 1 de junio de 2019.
En cuanto a los bancos, tendrán cuatro años de transición para efectuar las nuevas exigencias que buscan proteger la estabilidad del sistema financiero, como también cuidar el empleo de eventuales crisis y así mejorar la calidad de vida en nuestro país.
Respecto al impacto de esta propuesta, consultamos la opinión de Luis Urra, asesor tributario de Edig, quien comentó lo siguiente: “…será de gran ayuda para todas las entidades (tanto empresas como personas), puesto que dentro de las modificaciones se facilitará el acceso a crédito como también a mejores tasas de impuestos a pymes y personas que quieran emprender. Otro tema importante es respecto al fortalecimiento de los mecanismos de ciberseguridad, puesto que en estos tiempos la mayoría de las transacciones bancarias son realizadas de forma electrónica.”
Con 87 votos a favor, este jueves la Cámara dio el sí para legislar un plan de ley que permitiría establecer un aguinaldo del 50% de las remuneraciones mensuales, con el objetivo de otorgarlo como un derecho adquirido.
El proyecto impulsado por Raúl Soto, diputado de la Democracia Cristiana (DC), propone que los empleadores tendrán el deber de entregar a sus trabajadores aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, respectivamente en los meses de septiembre y diciembre.
El diputado señaló que la expectativa de la fijación del monto, corresponda a una remuneración mensual anual, “pagadero en un 50% en cada ocasión, tomando como base la remuneración mensual del trabajador”. No obstante, la cantidad de este beneficio dependerá de la voluntad del empleador.
¿Beneficio o preocupación para las pymes?
Según José Miguel Martínez, experto en materias laborales de Edig, “…un aguinaldo anual equivalente a un sueldo bruto, pagado en dos cuotas (septiembre y diciembre) sería una buena medida para los trabajadores, pero hay que tener en cuenta que algunas empresas, especialmente las micro y las pequeñas, no están en condiciones de financiar un pago de esta naturaleza”.
Por otra parte, todavía se espera el pronunciamiento del ejecutivo y en particular del Ministerio del Trabajo para que esta iniciativa comience su proceso de legislación.
El 2019 comenzó con el pie derecho para las pequeñas y medianas empresas, y es que el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de pago a 30 días, proyecto que solucionaría los engorrosos procedimientos que enfrentan las pymes en el pago de sus facturas.
Esta iniciativa que pone término a más de una década de espera para los empresarios, pretende exigir la igualdad de condiciones de pago tanto para los sectores públicos como privados, además de establecer un límite de tiempo para el pago certero que instaura la aplicación de intereses corrientes por cada día de atraso en el pago de la factura y comisión moratoria.
Por otro lado, la ley trae consigo nuevas modalidades, como la emisión de una guía de despacho electrónica obligatoria, la cual permitirá tener conocimiento de cuándo se entregó un producto, y a partir de ese momento comenzará a regir el plazo de los 30 días.
“Es un enorme beneficio en lo que respecta al flujo de dinero para las micro y medianas empresas, las cuales no cuentan con una gran espalda financiera para soportar los pagos a largo plazo que existen hoy en día, y que para subsistir, la mayoría de las ocasiones debían solicitar préstamos a entidades bancarias, lo cual conlleva un costo adicional solo para mantener un flujo y seguir trabajando de manera continua” comentó el asesor tributario de Edig, Luis Urra.
La consecuencia para los que no cumplan con el pago durante el plazo estimado, es que se les aplicará una tasa de interés convencional, como también una multa por mora.
Una gran ayuda:
Urra explicó que a pesar del gran beneficio que traerá consigo la publicación de esta ley, “es importante destacar que será de forma gradual su implementación. La normativa contempla disposiciones transitorias, en los cuales establece que dentro de los dos primeros años el plazo de pago será de 60 días para permitir la adaptación del proceso y luego a partir del mes 25 de publicada la ley en el Diario Oficial se fijaran el plazo definitivo de los 30 días”.
Por otra parte, sostuvo que esta nueva implementación será un aporte para las pymes “…se logrará con ello un proceso de comercialización de forma más eficiente y más competitiva, considerando que para poder llevar a cabo por ejemplo, en el caso de empresas primarias, su proceso de compras de materias primas, ya no será necesario ayuda de bancos e instituciones financieras para dicha adquisición, con ello se lograra una disminución en los costos y gastos y una optimizan de los procesos”.
