Este 4 de febrero de 2022 se publicó la Ley Nº 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). En el presente artículo analizaremos las exenciones tributarias reducidas o eliminadas, con la finalidad de aclarar al lector los impactos que se producirán con los cambios tributarios recientemente publicados.

Contexto del proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias

Con fecha 21 de diciembre de 2021, el gobierno ingresó, como una indicación a la Ley Corta de Pensiones, el proyecto de ley que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU). Junto a la indicación, también ingresó un nuevo proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias. Después de largas discusiones y algunas modificaciones, el 27 de enero de 2022, se aprobó unánimemente la PGU y su financiamiento.

EXENCIONES TRIBUTARIAS ELIMINADAS O REDUCIDAS

I. Ganancias de Capital en la venta de acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, modifica el Art. 107 de la LIR, gravando con un impuesto único del 10% la ganancia de capital que se produce en la venta de acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil, mientras cumplan los requisitos del artículo mencionado, los cuales no fueron modificados. Sólo gozarán de la exención de este impuesto, los inversionistas institucionales, sea que se encuentren domiciliados o residentes en Chile o en el extranjero, recordemos que los inversionistas institucionales son los bancos, las sociedades financieras, las compañías de seguros, las entidades nacionales de reaseguro y las administradoras de fondos autorizados por ley. Se gravarán con este nuevo tributo las ganancias de capital mencionadas que se obtengan a contar de agosto de 2022.

ll. Crédito por inversiones en activo fijo

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, suprime la letra c) del Art. 33 bis, quitándole de esta forma, el Crédito por inversiones en activo fijo a aquellos contribuyentes que sus ventas superen las UF 100.000. En definitiva, el crédito por inversiones en Activo Fijo sólo podrá ser utilizado por contribuyentes cuyas ventas sean inferiores a UF 100.000.

lll. Tratamiento tributario de los contratos de Leasing

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, incorpora un nuevo Art. 37 bis a la LIR el cual señala que las normas de la base imponible de primera categoría, deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financieros, considerando la existencia de dicho financiamiento, según su tratamiento financiero contable establecido por el SII, mediante resolución, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF).

Lo anterior implica que, para el arrendatario de un contrato de leasing, las rentas de arrendamiento constituyen cuotas del precio de compra del activo por tanto no pasarán por resultado, el activo se contabilizará como un Activo en Leasing y se llevará a gasto por la vía de la depreciación y los intereses pagados o adeudados. Mientras que, para el arrendador de un contrato de leasing, el valor del contrato constituye precio de venta y deberá determinar el mayor o menor valor resultante en la operación.

lV. Crédito Especial de Empresas Constructoras

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, suprime el Art. 21 del DL 910, y establece de forma transitoria que entre los años 2023 y 2024 el porcentaje a utilizar como CEEC disminuirá de 65% a 32,5% para las ventas y los contratos suscritos desde esas fechas. Cuando las empresas constructoras hayan realizado las ventas y celebrado los contratos con anterioridad al 1 de enero del año 2023, si han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre del año 2023 las obras ya se hayan iniciado, mantendrán el beneficio de deducir un 65%, por otra parte, cuando las empresas constructoras hayan realizado las ventas y celebrado los contratos con anterioridad al 1 de enero del año 2023, si han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre del año 2025 las obras ya se hayan iniciado, mantendrán el beneficio de deducir un 32,5%. Los mismos porcentajes aplicarán para aquellos que vendan exento por aplicación del Art. 12 letra F de la Ley de IVA.

Adicionalmente suprimió el párrafo primero del numeral 6 del artículo 23 de la Ley de IVA, el cual mencionaba el siguiente derecho a crédito fiscal:

“El derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, procederá sólo para contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles.”

Con la modificación anterior, el legislador estima improcedente que las inmobiliarias y constructoras que reciban facturas con el CEEC utilizado, pudiesen utilizar como crédito fiscal IVA el total del IVA recargado sin considerar el crédito devuelto a la constructora por concepto de CEEC. Con esto, desde el 01 de abril de 2022 nadie podrá utilizar como crédito fiscal el CEEC, sólo podrá utilizarse la parte del IVA que no está cubierta por el beneficio comentado.

V. Beneficio Tributario DFL Nº 2

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, suprimió la norma transitoria que eximía de los topes establecidos para usar los beneficios del DFL Nº 2 a los bienes adquiridos antes del 1 de noviembre de 2010, por tanto a contar del 1 de enero de 2023 sólo gozarán de los beneficios del DFL Nº 2 las personas naturales hasta su segunda vivienda económica destinada a vivienda, independiente de la fecha en que las viviendas fueron adquiridas.

Vl. IVA en los servicios

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, suprimió la parte que señala “siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N°s. 3 y 4, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta”, son esta modificación cambia la definición del hecho gravado básico de servicios quedando la definición legal como sigue: “Artículo 2 Nº2: Por «servicio», la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración.”

Adicionalmente incorpora en las exenciones de IVA, específicamente en el Artículo 12 letra E) Nº 8 una frase, quedando finalmente como sigue:

“Los ingresos mencionados en los artículos 42° y 48° de la Ley de la Renta; Para estos efectos quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales referidas en el artículo 42, N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría.”

Siguiendo con las exenciones, incorpora al numeral 20 de la letra E) del artículo 12 lo siguiente:

“Los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos, efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación. Los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención.”

Con las modificaciones incorporadas a la Ley de IVA, desde el 01 de enero de 2023 se gravará con IVA todas las prestaciones de servicios por las cuales se perciba un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, excepto cuando estos servicios sean prestados por contribuyentes del Art. 42 y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o por sociedades de profesionales que optaren tributar en la primera categoría y quedarán exentos los servicios que ya conocemos que se encuentran en el Art 12 de la Ley de IVA a los que se sumaron los servicios de atención de salud ambulatorio siempre que se presten sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos, quedando exentos incluso los insumos cuando estos se utilicen en la atención y se incorporen en el valor cobrado al paciente.

Vll. Impuesto a ciertos bienes de lujo

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, incorporó a contar del año tributario 2023, se gravarán con un 2% anual sobre el valor corriente en plaza los siguientes bienes:

• Los helicópteros, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo valor corriente en plaza exceda de 122 UTA al 31 de diciembre de cada ejercicio.
• Los aviones, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo valor corriente en plaza exceda de 122 UTA al 31 de diciembre de cada ejercicio.
• Los yates, cuyo valor corriente en plaza exceda de 122 UTA al 31 de diciembre de cada ejercicio, con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades deportivas
• Los automóviles, station wagons y vehículos similares, cuyo valor corriente en plaza al 31 de diciembre de cada ejercicio exceda el equivalente a 62 UTA.

El valor corriente en plaza que se utilizará para efectos de aplicación de este nuevo impuesto, corresponderá al valor que le asigne el SII de acuerdo a la tasación anual que realiza en la actualidad (es la misma base que se utiliza para el valor del permiso de circulación o patente).

Se exceptúan de la aplicación de este impuesto los bienes fiscales y municipales, así como aquellos de propiedad de empresas que desarrollen actividades operativas afectas a Impuesto de Primera Categoría, en la medida que dichos bienes se empleen efectivamente en la consecución de las respectivas rentas.

Vlll. Modificación concesiones mineras

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, incorpora una serie de modificaciones al Código de Minera, estableciendo una duración de 4 años para las concesiones de exploración, con la imposibilidad de ser prorrogada. Incorpora entre otras cosas, nuevas obligaciones de información al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, modifica el valor de la patente minera y establece incrementos progresivos en su valor en el caso de concesiones de explotación respecto a las cuales no se hayan iniciado trabajos a la entrada en vigencia de la Ley, esto es, hasta el 4 de febrero de 2023.

IX. Alza de Sobretasa de Impuesto Territorial

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, señala que a contar del 01 de enero de 2023 las tasas marginales serán las siguientes:

• Sobre 670 UTA y hasta 1.175 UTA, la tasa será de 0,075%;
• Sobre 1.175 UTA y hasta 1.510 UTA, la tasa será de 0,15%; y
• Sobre 1.510 UTA, la tasa será de 0,425%

X. Pago de Seguros de Vida e Impuesto a la Herencia

Efecto PGU y entrada en vigencia

La Ley que reduce o elimina exenciones tributarias para financiar la PGU, incorpora al art. 17 de la LHD para sumar a la base imponible del Impuesto a la Herencia los montos que tengan derecho a recibir los beneficiarios de seguros de vida con ocasión de la muerte del asegurado. Adicionalmente, incorpora al actual art. 54 que las compañías de seguros no podrán pagar sumas debidas por contratos de seguros de vida sin contar previamente con el comprobante de pago del impuesto. El nuevo haber se incorporará a la masa hereditaria, sólo respecto a los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida que hayan sido celebrados a contar del 1 de abril de 2022.

El secreto bancario es la garantía que tiene el contribuyente de gozar privacidad en relación a sus movimientos bancarios, respecto de las actuaciones de terceros (SII, fisco u otros contribuyentes). Está basado en la garantía constitucional de derecho a la reserva de la vida privada de las personas y, en ese sentido, la confidencialidad del ejercicio de la actividad es una obligación por parte de estas entidades fiscales.

Contexto acerca del Secreto Bancario

Con fecha 23 de marzo de 2021 los Senadores señores Montes, Lagos y Pizarro, ingresaron a tramitación un proyecto que tiene como objetivo incorporar al Código Tributario, un nuevo artículo 85 bis, por medio del cual se establezca la obligación de bancos e instituciones financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 Unidades de Fomento (UF), sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

Lo anterior, dado que en Chile existe consenso político en cuanto a que la evasión y elusión fiscal han producido efectos nocivos, afectando a los más necesitados, al verse disminuida la capacidad del Estado de ejecutar políticas sociales. Entendiendo la importancia del acceso a la información por parte de la autoridad tributaria, pero también la relevancia del resguardo de la privacidad de los contribuyentes, este proyecto de ley propone que los bancos e instituciones financieras informen al SII los saldos de las cuentas financieras y sumas de abonos, por sobre cierto monto, que mantengan personas con domicilio o residencia en Chile.

De esta forma, el proyecto finaliza su trámite legislativo en el Senado y pasa el 3 de enero de 2022 a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados antes de ser enviado al Presidente de la República para ser promulgado y publicado en el Diario Oficial.

Es importante hacer presente que, si bien el proyecto ya ha sido discutido, modificado ampliamente y aprobado, aún no es ley, por tanto debemos esperar a que sea publicado en el Diario Oficial para entender que ya es ley y luego verificar su entrada en vigencia para saber desde cuando los bancos entregarán nuestra información al SII.

ANÁLISIS DEL SECRETO BANCARIO

¿Qué instituciones deberán reportar al SII?

• Bancos;
• Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetos a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y las fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo;
• Compañías de seguro; y
• Entidades privadas de depósito y custodia de valores.

¿Qué información deberán reportar?

Deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a los productos o instrumentos a reportar pertenecientes a los titulares, únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, individualmente considerados o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a UF 1.500 ($46.818.975, según valor UF al 31.01.2022).

A partir del secreto bancario ¿De que cuentas o depósitos se informarán los saldos?

• Cuentas corrientes bancarias;
• Depósitos a plazo;
• Depósitos a la vista o vales vista;
• Cuentas a la vista;
• Cuentas de ahorro a plazo;
• Cuentas de ahorro a la vista;
• Cuentas de ahorro a plazo para la vivienda;
• Cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos;
• Cuentas de ahorro a plazo para la Educación Superior;
• Cuentas de custodia reguladas en la ley N°18.876;
• Contratos de seguros con cuenta de inversión o ahorro;
• Contratos de seguros con valor de rescate;
• Contratos de seguros que garanticen un capital al término de un plazo;
• Contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales.

¿Puedo saber cuándo una institución remitirá mi información al SII?

Cada vez que una institución deba informar al SII, deberá comunicar a los titulares, beneficiarios finales o controladores informados, a lo menos, la identidad del responsable del manejo de datos, el fin del tratamiento de que van a ser objeto los datos, los fundamentos legales por los cuales fueron informados y el destinatario o destinación de los datos. Lo anterior, con el objeto de resguardar el debido secreto de la información que se trate.

¿Desde cuándo comenzarán los bancos a informar?

Los bancos deberán entregar información de los montos desde el tercer mes posterior a la fecha de publicación de la ley y enviarán la información anualmente al SII hasta el 15 de marzo del año siguiente al año que se informa.

¿Cómo saber si me podrían informar?

Si el conjunto de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, inversiones y seguros que tienes bajo tu Rut o bajo el Rut de las empresas de las que eres socio, accionista, partícipe o beneficiario supera en sus saldos o abonos diarios, semanales o mensuales las UF 1.500 (considerando la última UF de cada mes), entonces será uno de los informados por las instituciones.

¿El proyecto de ley vulnera o transgrede el secreto bancario?

El proyecto en espera de ser ley no vulnera el secreto bancario. La información que se entregará al SII corresponde a los saldos o abonos totales de las cuentas del beneficiario, sin detalle de quién le ha pagado o transferido y sin detalle de movimientos. El proyecto en comento no permite que el SII acceda a las cartolas de cuentas ni a los movimientos en detalle.

¿Qué sucederá con mi información respecto al SII y a la institución que me informa?

El mismo proyecto comentado establece que el SII podrá usar la información para iniciar auditorías, fiscalizaciones o sanciones a los contribuyentes deberá ser eliminada de sus bases hasta un plazo de un año desde que fue recibida. Por su parte, la institución que enviará la información deberá eliminarla hasta 30 días después de haberla enviado al SII.

Conclusiones del Secreto Bancario

En definitiva las instituciones señaladas en el presente artículo informarán los saldos y los abonos totales, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas, esta información sólo podrá ser utilizada para los fines propios del SII y no lo faculta para acceder a las cuentas y detalles de cada contribuyente, por cuanto el secreto bancario no se ha vulnerado mediante el proyecto de Ley que discutimos en esta instancia.

Desde la publicación del DL 825 en 1974, sabemos que cuando existe devolución de mercaderías o resciliación de servicios, cuando corresponden a ventas o servicios afectos a IVA, existe un plazo de 3 meses desde la fecha de emisión del documento principal (Factura) para emitir la nota de crédito que da cuenta de las mercaderías devueltas o los servicios resciliados. Pues con fecha 24 de diciembre de 2021, se publicó la Ley Nº 21.398 que establece diversas medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Esta normativa incorporó cambios en la Ley de IVA contenida en el DL 825 de 1974 en relación a los plazos para emitir las notas de crédito señaladas para que la norma tributaria estuviera en concordancia con la Ley del consumidor, quedando los artículos 21 y 70 de la Ley de IVA, como sigue:

Entrada en vigencia

La Ley Nº 21.398 indica en sus artículos transitorios que el cambio señalado entra en vigencia tres meses contados desde la fecha de publicación de la ley, esto significa que el nuevo plazo de emisión de Notas de Crédito comienza a regir desde el 24 marzo de 2022.

¿Desde cuándo aplica el nuevo plazo para emitir Notas de Crédito?

De acuerdo a lo anteriormente explicado, desde el 24 de marzo de 2022 los contribuyentes podrán emitir notas de crédito y a su vez deducir el débito fiscal del mes que corresponda al periodo de emisión hasta cuando hubieran transcurrido 6 meses desde la emisión del respectivo documento que origina la Nota de Crédito a emitir, de esta forma es que en el mes de abril se podrán emitir notas de crédito a propósito de devoluciones de mercadería o resciliaciones de contratos por facturaciones efectuadas en septiembre de 2021, pudiendo consecuencialmente deducir el débito correspondiente al mes de emisión, sin necesidad de efectuar petición alguna al SII.

Otros plazos

Los cambios efectuados en la Ley de IVA, sólo aplican respecto a las devoluciones de mercaderías o resciliaciones de contratos de prestación de servicios. Los plazos establecidos para anular una Factura Electrónica a través de una Nota de Crédito Electrónica de Anulación, no han cambiado, siguen siendo el plazo de emitirse dentro del periodo de emisión de la Factura o a más tardar dentro del periodo siguiente. A su turno, respecto de los otros tipos de notas de crédito sigue manteniéndose vigente la actual norma, esto es, que no tienen plazo para su emisión y por tanto la deducción del débito no está condicionada a plazo alguno cuando el motivo de la Nota de Crédito no es por devoluciones de mercaderías o por resciliaciones de contratos de prestación de servicios, ya que en esos casos el plazo será de 6 meses como se señaló en el presente artículo.