Con el objetivo de mejorar la Agenda de la Aceleración Económica, este lunes el titular de Hacienda, Felipe Larraín, anunció la propuesta que el Gobierno propone para busca adelantar la vigencia de la depreciación instantánea.
¿De qué se trata?
La iniciativa permite que las empresas chilenas puedan adelantar inversiones debido a la reducción del costo de capital, a excepción de la región de La Araucanía, que podrá realizar esta disposición de manera instantánea.
“Esto es un poderoso incentivo a la inversión. Estamos tomando esta medida (depreciación instantánea) en un contexto internacional complejo y porque para el Gobierno un tema prioritario es el crecimiento económico”, detalló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el comité político ampliado de La Moneda.
En la instancia, también aprovechó de dar énfasis a uno de los puntos más importantes de esta disposición, que permitirá a las empresas adelantar inversiones por la reducción de costos de capital, al permitirles depreciar antes sus activos.
Modernización tributaria
Asimismo, la modernización tributaria contempla una normativa transitoria, que permite depreciar de forma instantánea el 50% del valor de la inversión en activo fijo para todas aquellas inversiones que se realicen durante los 24 meses siguientes a aquel en que se publique la ley en el Diario Oficial.
En cuanto a la situación de la Región de la Araucanía, tendrá una depreciación de los bienes de manera instantánea para la totalidad del activo y para aquellas inversiones que se ejecuten durante los 24 meses siguientes a aquel en que se publique la ley en el Diario Oficial.
Existe incertidumbre por parte del lado empresarial al no saber cuándo se podrá utilizar este beneficio, que en primera instancia debe ser aprobado y publicado en el Diario Oficial para su implementación.
Por lo mismo, la autoridad aclaró que la indicación comenzará a regir el 1 de octubre de este año y por un período de dos años, independiente de cuando se apruebe el proyecto.
En cuanto a los beneficios de la medida, el ministro Larrain sostuvo que con esta planificación se obtendrá un incentivo directo sobre la inversión a partir del cuarto trimestre de este año, debido al menor costo del capital.
Un agitado ambiente es el que se respira dentro del Gobierno debido al debate que ha generado el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y con el cual se diagnostica una pérdida de 250 mil empleos.
Quien se pronunció en esta oportunidad desde el Palacio de La Moneda fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, asegurando que de aprobarse la iniciativa presentada por la parlamentaria Camilla Vallejo en el Congreso, podría provocar la pérdida de cientos de miles de trabajos.
En su declaración, el secretario de Estado agregó que la clave de la reforma está en la flexibilidad y gradualidad. “Un proyecto que busca de golpe reducir de 45 a 40 horas con más de un 11 por ciento de aumento de los costos laborales, en las estimaciones el efecto estaría en torno a los 250 mil empleos que se perderían».
Asimismo y ante la preocupación de implementarse la ley, el Gobierno puso suma urgencia al proyecto de adaptabilidad laboral el cual plantea reducir la jornada a 41 horas, permitiendo que los mismos trabajadores puedan acordar una mayor flexibilidad sobre el horario de trabajo.
“Nosotros vamos a proteger el empleo, vamos a proteger también a la familia en sus distintas dimensiones, pero una dimensión es el tiempo necesario para gozar de la familia, los amigos, el esparcimiento y otra dimensión es cuidar el empleo. Creo que ambas deben ir juntas, eso es lo responsable de hacer”, concluyó el titular de Hacienda.
¿En qué se diferencian ambos proyectos?
Propuesta del Gobierno
Reducción de la jornada laboral de 45 a 41 horas semanales.
Flexibilidad en el horario.
El trabajador tendrá la opción de convenir su distribución de horario.
Objetivo de cuatro días de trabajo y tres de descanso.
Se aplicará gradualmente y se otorgará mayor énfasis a las pymes.
Según la estimación del Ministro del Trabajo, el proyecto generará entre 250 mil empleos a 350 mil.
Propuesta de la parlamentaria Camila Vallejo
Reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
Mantener la estructura horaria del sistema actual.
El trabajador no tendrá la opción de convenir la distribución de su horario.
Mantiene los cinco días de trabajo semanales.
Se aplicará de forma inmediata, a excepción de las pymes que deberán cumplir con una gradualidad de tres años.
Según un estudio realizado por economistas del centro de estudios OPES en 2017, se espera que esta iniciativa genere de 200 a 300 mil nuevos empleos.
Esta semana se logró un avance sobre la reintegración del sistema tributario, también conocido por el Gobierno como el “corazón” del proyecto impositivo. Esto después de que la comisión de Haciendo de la Cámara de Diputados aprobara poner fin a la renta atribuida.
A favor de avanzar por la reintegración se manifestaron los diputados de Chile Vamos, Carlos Kuschel, Alejandro Santana, Leopoldo Pérez, Gastón Von Muhlenbrock, Guillermo Ramírez, Patricio Malero y Lorenzini.
Por otra parte, quienes se opusieron en esta instancia clave fueron los parlamentarios Giorgio Jackson, Manuel Monsalve, Marcelo Shilling, Pepe Auth y José Miguel Ortiz.
Declaraciones
El Presidente de la instancia y diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, declaró que la reintegración del sistema tributario significara una “rebaja de impuestos a dueños de grandes empresas que contradice los principios y reformas que dieron vida al segundo Gobierno de la ex Presidenta, Michelle Bachelet”.
Además, destacó el voto de Ortiz señalando que “es muy valorable que haya votado en contra de la reintegración del sistema tributario. Demuestra la consecuencia de haber aprobado el 2014 la reforma tributaria de Bachelet y que trajo mayor igualdad para Chile”.
Por otra parte, quienes se pronunciaron en la instancia fueron el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien reconoció la importancia de la propuesta ante el “complejo escenario externo” y el diputado Alejando Santana, asegurando que los empresarios han sido los más preocupados por esta esta iniciativa que logrará “más justicia”.
Entre los puntos que falta por avanzar están las nuevas definiciones de gastos necesarios para producir la renta, como también la creación de una contribución del 1% del valor de los proyectos de inversión a favor de las regiones, entre otros.
