La normativa Nº21.015, también conocida como la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad que fue aprobada en abril de 2017 bajo el mandato presidencial anterior, busca desarrollar más oportunidades laborales a personas que cuenten con alguna discapacidad acreditada por el Registro Nacional de Discapacidad, o bien, sean asignatarias de pensiones de invalidez.

Hasta la fecha y según estadísticas entregadas por el Ministerio del Trabajo, cerca de 917 empresas inscritas han elaborado contratos con un total de 4.445 trabajadores, cifras que no satisfacen las expectativas planteadas al comienzo de esta legislación.

Es por eso que, durante enero de este año, -y acorde con lo exigido por la Ley de Inclusión Laboral- todas aquellas empresas público o privada que cuenten con más de 100 trabajadores, deberán entregar a la Dirección del Trabajo un informe con el total de sus empleados, y con ello, el número de personas con discapacidad o que cuenten con alguna pensión de invalidez para obtener un balance concreto que demuestre los avances de manera objetiva.

“El enfoque primordial de esta norma busca que las personas con discapacidad se inserten en el mundo laboral para que puedan tener una mejor calidad de vida, ya que en la actualidad es difícil su inserción. Por otro lado, este sistema está dirigido exclusivamente a las empresas medianas y grandes que ocupen 100 o más trabajadores, y su vigencia es gradual.” Señaló José Miguel Martínez, experto laboral de Edig.

“…Otro punto importante es verificar si las empresas obligadas a aplicar esta ley tienen las condiciones ergonómicas adecuadas para recibir trabajadores discapacitados o beneficiarios de pensión de invalidez, tales como accesos especiales, sanitarios, herramientas, mobiliario… entre otros.”